Esta mañana, en una
ceremonia realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la
Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por la ministra del
Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, y el ministro de Hacienda, Alberto
Arenas, promulgó la Ley que reajusta el Salario Mínimo, la cual es fruto del
acuerdo firmado entre el Gobierno y la Central Única de Trabajadores (CUT), el
pasado martes 01 de julio.
Esta nueva ley
establece un reajuste progresivo del salario mínimo, con un alza inicial del
7,1% a partir del 01 de julio de este año, que se aplicará de manera
retroactiva, que lo elevará de los 210 mil pesos actuales a 225 mil pesos;
luego, el 01 de julio de 2015, quedará en 241 mil pesos; y el 01 de enero de
2016 llegará a los 250 mil pesos. Con este acto se da cumplimiento a uno de los
compromisos del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Este reajuste se
extiende también, para cada uno de los períodos, para el ingreso mínimo mensual
de mayores de 65 años y menores de 18 años y para aquellos con fines no
remuneracionales. Del mismo modo, se aplicará para la asignación familiar,
maternal y el subsidio familiar.
El acuerdo concretado
con la CUT contempla otros ámbitos que apuntan a mejorar las condiciones
laborales de chilenos y chilenas. Entre ellos, está la creación de una Comisión
Asesora Salarial del Mercado del Trabajo, tomando como base lo mandatado por el
Convenio Nº 131 de la OIT, suscrito por Chile, sobre salarios mínimos. Su
misión es emitir en el plazo de 18 meses un estudio sobre la situación salarial
del mercado del trabajo chileno, con propuestas para que los ingresos permitan superar
la pobreza. Esta comitiva estará integrada por trabajadores, representantes de
la CUT y de gremios empresariales, expertos y autoridades.
Además, se compromete
el envío al Congreso de proyectos de ley sobre fortalecimiento sindical y de
negociación colectiva entre octubre y diciembre de este año, tal como fue
comprometido por la Presidenta Michelle Bachelet en su programa de Gobierno.
También, considera el
desarrollo de un Plan Nacional de Fiscalización, a cargo de la Dirección del
Trabajo, para garantizar que los empleadores cumplan con las obligaciones
legales vinculadas al ingreso mínimo mensual, como el piso salarial obligatorio
para jornada ordinaria laboral; la exclusión para su cómputo de los pagos
asociados a horas extraordinarias, la asignación familiar legal, de
movilización, de colación, de desgaste de herramienta, la asignación de pérdida
de caja ni los beneficios en dinero que no se paguen mes a mes. Se pondrá
acento en aquellos sectores productivos donde existen más denuncias.
Al finalizar, la
Mandataria destacó que “el acuerdo que hemos alcanzado, y que nos permite
promulgar esta ley, no es el logro de un sector político, es el logro de todos
nosotros. Los que están ganando con esto son los trabajadores y trabajadoras”.